Art. 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe .
Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.
Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.
Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.
POLÉMICO CENSO ON LINE
Macri impulsó un registro de adictos
Por una nueva ley porteña, las empresas deberán informar cuántos empleados sufren dependencia al tabaco, el alcohol, las drogas o al juego.
Las empresas deberán informar antes del 30 de setiembre cuántos empleados, segmentado en hombres y mujeres, sufren adicciones como tabaquismo, alcoholismo, drogoadependencia o ludopatía.
La Subsecretaría de Trabajo lanzó un registro de empleadores que exige información sobre las adicciones del personal. La oposición dice que viola el derecho a la intimidad. El Ejecutivo afirma que el censo le permite mejorar sus políticas.
La gestión de Mauricio Macri quedó envuelta en una polémica. El Gobierno porteño implementó por decreto una encuesta que obliga a todas las empresas radicadas en la Ciudad a informar cuántos de sus empleados padecen alguna adicción. Desde el Ejecutivo argumentan que con esa información podrán mejorar sus políticas de capacitación laboral. Especialistas y representantes de la oposición afirman que la medida viola el derecho a la intimidad.
El Decreto Nº 625/2009 (ver anexo) que se publicó esta semana en el Boletín Oficial lleva las firmas de Macri, del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y de los ministros Francisco Cabrera, de Desarrollo Económico, y Néstor Grindetti, de Hacienda.
En el texto argumentan que el registro de empleadores online que se proponen crear “tendrá como finalidad obtener información respecto de la contratación, vinculación e información sociolaboral del mercado de trabajo” local.
En una planilla anexa al decreto se especifica qué tipo de datos deberán registrar los empleadores: cantidad de personal con sus edades, sexos, composición familiar, lugar de residencia, episodios de accidentes de trabajo, capacitación, montos de los salarios y horas extras pagadas, discapacidades (motora, visual, auditiva, mental, visceral o múltiple) y adicciones.
La Subsecretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Desarrollo Económico quiere saber cuántos trabajadores son adictos a las drogas, cuántos al alcohol, cuántos son fumadores y cuántos adictos al juego.
“No existe ningún motivo lógico que explique por qué se les pide a las empresas que den información sobre cuántos empleados sufren algún tipo de adicción. Es inconstitucional”, se quejó el legislador Alejandro Rabinovich del bloque Autonomía con Igualdad. En el mismo sentido se expresó el ex jefe de Gobierno, el legislador Aníbal Ibarra: “Macri se cree dueño de la vida de los demás”.
Según afirmó el subsecretario de Trabajo, Jorge Luis Ginzo, a este diario, la encuesta no violaría el derecho a la intimidad porque los empleadores no deben preguntarles a sus trabajadores sobre sus adicciones, porque –dijo– “es información que se sabe, que forma parte de la cotidianidad de los departamentos de recursos humanos, porque el problema de las adicciones tiene exteriorizaciones complejas”. Por ejemplo, ilustró Ginzo, una empresa sabe si un empleado es adicto al juego “porque a veces mienten, dicen que les trabaron un embargo o que les robaron el sueldo”.
–¿Cuál es el sentido de recoger esa información?, preguntó Crítica de la Argentina.
–Es una herramienta valiosa para orientar políticas públicas, para mejorar hacia dónde debemos direccionar nuestros programas de capacitación sobre las situaciones laborales que derivan de las adicciones.
