por: Mónica Oporto
Sesenta y dos mil cuatrocientas repeticiones crean una
verdad. ¡Idiotas! – Aldous Huxley: Un Mundo Feliz.
Hasta tal punto trabaja en el inconciente la reiteración machacando y machacando cien veces por hora acerca de la peligrosidad de los jóvenes, de la inseguridad, de la necesidad de una baja en la edad en la imputabilidad, -la cual a este paso, pronto podría proponerse en un piso- de 10 años. Es que ciertas “verdades” se instalan por la malsana e intencionada reiteración según conveniencias, ya volveremos sobre este punto.
En una porción de nuestra sociedad está instalada la certeza, aun cuando un pibe caiga bajo las balas arbitrariamente, de la sospecha por si “algo habrá hecho”, pues –recurriendo a la ironía de Umberto Eco- se ha trabajado (sesenta y dos mil cuatrocientas repeticiones mediante) en construir una seudo captatio benevolentiae, es decir, estableciendo una falsa creencia en un público al que le adjudica su supuesto conocimiento acerca del tema del que se habla, se lo hace sentir incluido y conocedor, se le dirige un guiño de complicidad y se lo trata de “auditorio cualificado” que “bien sabe…” sobre el tema. En realidad, lo que conoce este público es por haberlo “visto y oído” por el ojo del amo. Su entendimiento del tema ha sido preparado por la línea que bajan algunos medios hegemónicos. Es que crean un público apto para opinar de acuerdo a los intereses de… los dueños de los medios. Como decía el personaje de la memorable película “Sostiene Pereira”, -a cargo de Marcello Mastroiani-: la opinión pública la forman los medios.
Entonces, si un pibe cae bajo las balas de un policía, no constituye una tremenda inseguridad para los pibes. De inmediato aparecen para interpretar la situación los especuladores “capta-votos” con sus discursos de orden (y progreso), elaboraciones varias de mapas de la inseguridad, pedidos de sacar el ejército a la calle. Se produce como una especie de “guerra del cerdo” pero al revés donde el joven constituye el riesgo a eliminar, un riesgo para los adultos, su objeto del miedo.
El martilleo incesante acerca de la peligrosidad de los menores sirve de fundamento para otros discursos que se suman –y no se superponen- a los de los interpretadores que, dirigidos a un público ya “preparado” mediante la repetición y al mensaje intencionado. Se introduce la panacea derechosa: la solución al problema de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad, entonces bajemos a 14… y por qué no, a 12 o a 10 inclusive, fundamentado en la enorme peligrosidad que constituye un menor que lo mismo da de 14 o de 19. Es que es muy peligroso tener esa edad, más vale ponerlo entre rejas lo antes posible para “corregirlo”. En nuestro país está explícitamente prohibida la pena de muerte (por causas políticas) en el artículo 18 de la Constitución Nacional de allí que la estigmatización del joven, -y sobre todo del joven-pobre- constituye una pena de muerte indirecta, de acuerdo con razonamientos del Dr. Elías Neuman a los que adherimos.
Es decir que: muerte por disparos o por pena de encarcelamiento (cuando más joven, mejor) es pena de muerte directa o indirecta para quienes cargan con el estigma de ser jóvenes y encima son pobres, viven en la villa, son sospechosos-culpables. La presunción de culpabilidad prima hasta que se demuestre su inocencia.
Una sociedad preparada perversamente mediante la repetición, que condena al pobre -aunque hipócritamente proteste y se conduela de la pobreza-, y se hace eco del sonsonete de que hay que bajar la edad para imputar al menor como única panacea para el “mal de la inseguridad” que, dicho sea de paso, es una de las cuatro patas sobre las que sostendrá la oposición su campaña del terror en un año electoral (lean la excelente nota de Hernán Brienza sobre este tema en http://tiempo.elargentino.com/notas/cuatro-males-elegidos-oposicion), pone a la inseguridad como producto de los jóvenes, cuando en realidad fueron y son los adultos-imputables-impresentables que en los años 90 produjeron que una gran masa de la sociedad cayera varios escalones de los cuales intenta recuperarse, en tanto que los que no cayeron (o no cayeron tanto) manifiestan su terror-miedo a correr idéntica suerte, y ese miedo se traduce en su actitud de apartar (al) y apartase del pobre como solución para conjurar el mal de la inseguridad, estigmatizando las villas (que siempre son los puntos señalados ante el delito) pero nunca el country (donde viven muchos de los que llevaron a la destrucción del tejido social…)
Al coro se agregan otros imputables-impresentables como ilusionistas que pretenden hacer creer que “todo pibe nace chorro” y que por lo tanto bajando la edad para poderlos encarcelar será la manera rápida de solucionar un tema que se soluciona como lo entendió Néstor Kichner y el actual gobierno de Cristina Fernández: bajando
- la pobreza y la deserción escolar con la Asignación Universal por Hijo
- la exclusión social con más inclusión laboral
- la desocupación mediante la creación de puestos de trabajo
Pero el poder, y en este caso el poder ejercido desde ciertos lugares como por ejemplo desde el gobierno de la provincia de Buenos aires, utiliza mecanismos maquiavélicos: con un maquillaje tapa y desfigura la verdadera fisonomía del problema y con otro da un retoque mejorando lo que es realmente horrible pero hay que negarlo. Porque son las especulaciones desde los ciertos-lugares-de-poder que, en un año electoral vienen plantando trampas caza-votos.
Michel Foucault analiza (Vigilar y Castigar) la imposición del castigo durante diferentes edades históricas. En la Edad Moderna, era el rey quien se sentía ofendido y perjudicado frente a un delito ocurrido en su reino, más aun que a los directos familiares de la víctima ¿por qué? Porque había ocurrido en su reino, en su jurisdicción, en violación a sus leyes, a su investidura. Era entonces él quien imponía el castigo demostrando su “soberano poder”. Utilizaba su derecho de castigar para diferenciar y poner bien en evidencia que castigar no puede, en ningún caso, pertenecer a la multitud. De lo que se puede llegar a otra idea pensando primero ¿qué se castiga, qué constituye delito? ¿quién establece lo que constituye delito?: siguiendo el trabajo de Rusch y Kircheimer (Punishment and social structures) Foucault explica que la clave está en la definición de infracciones y su persecución que surgen de la relación con los sistemas de producción . (Salvando las distancias, hoy existe un Poder Judicial que impone las sanciones, pero las leyes son la vía por medio de las cuales se canaliza lo que constituye delito).
Estas no constituyen sutilezas teóricas, desde el poder se busca captar y canalizar la bronca de ciertos sectores del electorado -propensos a soluciones extremas sin reflexión ni capacidad de mea culpa- preparadas con toda intencionalidad en la doctrina de la captatio benevolentiae, y se fundamenta en un cambio en el eje de análisis del problema que se focaliza en los jóvenes, y donde el castigo pasa por la inclusión… en la imputabilidad desde edades mas tempranas. Foucault habla de una “tecnología del poder” destinada a embaucar sobre esta seudo solución.
Volvemos al comienzo: si un hecho se reitera por los medios sesenta y dos mil cuatrocientas veces es porque esa es la forma en que se instala una verdad contribuyendo al discurso que hace de los menores monstruos a los que hay que eliminar.
No es bajando la edad como se solucionará el problema sino profundizando un modelo que viene bajando la exclusión, la deserción escolar, la pobreza. El gobierno de Néstor Kirchner y el actual gobierno de Cristina Fernández han sido los únicos que después de muchos años se han preocupado seriamente por estas cuestiones que no se solucionan de un día para el otro sino que son políticas que se visualizan en el tiempo. Los que hoy “apuntan” contra los pibes lo saben, pero también saben armar discursos “efectistas” y engañosos.